De nuevo oímos la frase “acatamos pero no compartimos la sentencia” en boca del gobierno de Madrid tras el conocimiento de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos respecto a la condena de un año de prisión impuesta a Arnaldo Otegi por injurias graves al Rey.
Los hechos se remontan al año 2003, cuando acusó al monarca de ser el responsable de los torturadores con motivo de las torturas practicadas a los detenidos por el caso Egunkaria. A pesar de ser absuelto por el Tribunal Superior del País Vasco, el Ministerio Público recurrió ante el Supremo, que le condenó en 2005 a un año de prisión porque “sus palabras afectaban a la esencia de la dignidad fundamental del Rey”
Posteriormente, el Constitucional no admitió a trámite un recurso presentado por Otegi. Ahora es el Tribunal de Estrasburgo el que afea la decisión de la justicia española. No solamente afirma que esta protección reforzada al Rey es incompatible con el espíritu de la Convención Europea de Derechos Humanos, sino que le condena a pagar 23.000 euros al rehabilitado (20.000 por daños morales y 3.000 por las costas).
No voy a hacerle la ola al ex portavoz de Batasuna, pero creo que todo ciudadano tiene derecho a un juicio y a una sentencia justa, con una legislación justa. ¿Quién le devuelve ahora el año que estuvo en prisión por esta sentencia?
También esta reciente la condena al Estado español del mismo tribunal por las torturas infligidas a Aritz Beristain en su detención en 2002. Curiosamente, la cantidad de la indemnización es la misma: 23.000 euros.
Es lo que ocurre cuando los poderes del estado no están suficientemente diferenciados, como corresponde a una democracia, y el sistema judicial actúa bajo mandato político. Así pues, no es de extrañar el “acato pero no comparto” del partido en el gobierno de Madrid y el total desacuerdo, sin tapujos, del PP.
Concejal de EAJ-PNV en Vitoria-Gasteiz
